30 salarios mínimos para poder rentarse en Caracas

Bandera de Venezuela

Bandera de VenezuelaLas cifras no mienten: en Caracas no solo no hay apenas alquileres disponibles, sino que los precios de los que existen se hallan entre los 80 mil y los 195 mil bolívares al mes, o lo que es lo mismo, de 12 a 30 salarios mínimos, según publica Tus metros.com.

 

Los propios avisos de clasificados en periódicos nacionales evidencian que solo existen cinco ofertas en pie para alquilar un apartamento en la capital venezolana, y los precios resultan impagables.

 

En Dos Caminos, rentar un apartamento- estudio, sin siquiera espacio de estacionamiento, cuesta 80 mil bolívares. Mientras, en Chuao, rentar una casa modesta, de solo 54 metros cuadrados, cuesta nada menos que 195 mil bolívares mensuales.

 

Para Rosalinda Bruzual, vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana: las medidas que regulan el arrendamiento han disminuido dramáticamente la oferta de alquileres, y la que existe es muy cara, lo que afecta a aquellos para quienes rentar era una opción.

 

De acuerdo con Rosalinda Bruzual, el comportamiento de la oferta de alquileres en el área metropolitana de Caracas, entre el 2000 y el 2011, se ha visto influenciado negativamente por las nuevas regulaciones y leyes que lo rigen.

 

El fortalecimiento del dólar afecta a los compradores extranjeros.

El fortalecimiento del dólar afecta a los compradores extranjeros.

Según especificó, en 2003 el decreto de congelación de alquileres contrajo la oferta en un 25 por ciento.

 

Solo tres años más tarde, la ordenanza de expropiación del Distrito Metropolitano de Caracas provocó una caída de un 51 por ciento.

 

Luego, entre 2007 y 2008, la reforma de la Ley de Arrendamiento redujo la oferta en un 49 por ciento.

 

Y finalmente, en 2011, la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario de Vivienda acentuó el declive en un 45 por ciento.

 

Para Carlos Calanche, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, el 99 de los propietarios prefiere no rentar por temor a perder su inmueble, pues la vigente Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas de 2011, está concebida para beneficiar a los inquilinos y obstaculizar los procesos de desalojo en caso necesario.

 

En palabras de Calanche, esta regulación interrumpió con su surgimiento 45 mil procesos judiciales en nivel nacional y los puso en manos de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI).

 

La SUNAVI concentró todas las gestiones del mercado inmobiliario y esto terminó convirtiéndose en un obstáculo mayor, pues esta oficia, tramita, pero no responde a los intereses de los propietarios.